Incluso, el juzgador Felipe Consuelo regañó al Secretario Javier Lozano por sus declaraciones recientes
En un largo acuerdo, el juez Felipe Consuelo Soto cuestionó a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), y en el caso de esta última prácticamente regañó al Secretario Javier Lozano por sus declaraciones recientes.
«Son un hecho notorio las declaraciones a los medios de comunicación del señor secretario del Trabajo , relativas a que la aerolínea entró en una ruta crítica, que el Gobierno federal no rescatará una empresa fallida ‘del sector privado’ y que los activos de la empresa se desvanecen», establece en el acuerdo.
El impartidor de justicia agrega que Lozano está obligado a hacer cumplir el artículo 123 de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y el capítulo de ésta relativo a la labor de las tripulaciones aeronáuticas.
«Gírese atento oficio al señor secretario del Trabajo para que informe al suscrito sobre las acciones y medidas que ha implementado o implementará con el fin de garantizar el pleno respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores de la empresa en concurso mercantil tutelados tanto en nuestra constitución, como en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, toda vez que los trabajadores no son responsables de que la empresa se encuentre en tales condiciones», exigió.
Consuelo también puso en duda que Mexicana sea una empresa «propiamente privada», porque operaba un servicio concesionado en un sector estratégico.
«Mención especial requiere la situación crítica de los jubilados y jubiladas de la empresa fallida, toda vez que por cuestiones inexplicables, no cuentan con pensión de jubilación por parte del IMSS o el ISSSTE, sino, de manera inusual, cuentan con un fideicomiso que no les garantiza una pensión digna, menos aún, si la empresa llega a la quiebra», agregó.
A la SCT no le fue mejor, pues el juez criticó incluso la decisión de permitir la suspensión de operaciones de Mexicana en agosto de 2010.
«No se llevó a cabo, ni se informó en el expediente, de acción alguna para solucionar el problema del transporte de pasajeros, sobre todo de aquellos que ya habían adquirido boletos y prácticamente autorizó la suspensión de los servicios, lo cual también constituye una violación a los derechos humanos de los usuarios en cuanto a ser transportados, máxime que se trata de un servicio público federal concesionado», señala el acuerdo.
Consuelo requirió al titular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, para que ratifique el contenido de un comunicado de prensa del 24 de noviembre donde se comprometió a apoyar a los inversionistas que acrediten los fondos para rescatar a la empresa.
«Solicítese mediante oficio al citado funcionario público, para que informe sobre las acciones y medidas que en su caso ha dispuesto, dentro del ámbito de sus facultades, para cumplir con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos los involucrados en el concurso mercantil, en especial respecto de la protección de los datos personales de los inversionistas interesados así como para la transparencia del proceso», ordenó el juzgador.
Otros que fueron requeridos son el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Héctor Velázquez, quien tendrá que explicar por qué solicitó la presencia de la Policía Federal en la base de mantenimiento de Mexicana el 9 de noviembre, así como el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón.
Este último fue amenazado con multa de 250 días de salario mínimo, unos 15 mil pesos, si no rinde un informe sobre el desalojo de pilotos que protestaban frente a la SCT, orden que la SSP ha resistido porque considera que el juez no tiene facultades para hacerle este requerimiento.
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